La suspensión afectaba a políticas fiscales y económicas responsabilidad del poder ejecutivo, dijo Messias, y añadió que la apelación se basa en motivos legales, no políticos. La medida, aunque esperada, amenaza con empeorar las relaciones entre Lula y el Congreso hasta el final de su mandato en 2026, en momentos en que el gobierno enfrenta crecientes retos para alcanzar sus objetivos fiscales para este año y el próximo.

Haddad fue uno de los aliados de Lula que abogó por recurrir al Supremo para salvar el decreto, el cual generaría 10.000 millones de reales (USD 1.800 millones) en ingresos, y que forma parte de un paquete más amplio que reportaría al fisco, según el gobierno, más de 30.000 millones de reales para fines de 2026.