Durante el año pasado, como el kirchnerismo estaba disconforme con la repartija de integrantes en las comisiones, evitó conformar varias durante meses. Por caso, la de Educación comenzó a trabajar recién a fines de agosto último, con la titularidad de De Pedro. Como Diputados había acelerado el blindaje presupuestario para universidades, el principal bloque opositor aprovechó la ocasión y apuró un dictamen que llegó en septiembre al recinto del Senado y fue sancionado por dos tercios de los integrantes de la Cámara alta.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley vetada por el Ejecutivo establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, y estimaba para “el ejercicio vigente -2024- un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se les subió un peso a todas las instituciones?”, preguntó el libertario Bruno Olivera, que habló de revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. El sanjuanino enfatizó que, al iniciarse la gestión Milei, se giraron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con 60 días de retraso- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.