“Sostenemos que no se valoró el consumo de alcohol, no se han analizado ni se han investigado como corresponden las lesiones que fueron constatadas, consideramos que justamente por eso era propicio que comparezcan en el tribunal peritos más especializados, que puedan relacionar las lesiones constatadas”, reclamó Romano, quien durante el proceso judicial fue acusada por la defensa de los rugbiers de presuntas irregularidades en el tratamiento del caso.

El caso se había iniciado en julio de 2024, cuando una mujer mendocina denunció a los jugadores por un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, figura penal que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según el relato, los hechos habían ocurrido en un hotel de la ciudad, al que accedió tras haber conocido a los deportistas en una discoteca.