Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.

Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.