El editorial explicó que una sentencia del Tribunal Superior de 2024 amplió la definición de “enemigo” para incluir a cualquier país que represente una amenaza a la seguridad nacional del Reino Unido. Sin embargo, los autores señalaron que la Fiscalía de la Corona afirmó que el gobierno laborista “no proporcionó tal evaluación sobre China pese a repetidas solicitudes, y como resultado ‘el caso no pudo continuar’”. Berry y Cash negaron las acusaciones y los cargos fueron retirados.

A pesar de estas advertencias, el editorial cuestionó la disposición del gobierno a considerar la construcción de la nueva embajada china. En mayo, el diputado conservador Iain Duncan Smith y otros miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) advirtieron al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que la ubicación del complejo “presenta graves riesgos para las economías del Reino Unido y Estados Unidos”.

El editorial también recogió la preocupación de legisladores estadounidenses. En una carta enviada en febrero al embajador británico en Estados Unidos, los congresistas Chris Smith de Nueva Jersey y John Moolenaar de Michigan advirtieron que el complejo podría servir para “ampliar el hostigamiento a disidentes y críticos”. Los autores recordaron que “el monitoreo y la intimidación de chinos en el extranjero por parte de China es bien conocido”.