2 de julio de 2025
La industria del juicio generó un aluvión de más de $2 billones por demandas laborales en solo un año
El sistema enfrenta una crisis silenciosa impulsada por litigios masivos y costos crecientes que amenazan su funcionamiento diario, según la UART
El sistema, que cubre a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores, logró consolidar resultados concretos durante casi tres décadas. Según la UART, se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, y una baja del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados. También se registró una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros. “No son solo estadÃsticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funcionaâ€, afirma el documento.
Sin embargo, la litigiosidad se presenta como un factor crÃtico desconectado de las variables económicas y de seguridad laboral. “Esa litigiosidad está desconectada de todas las variables: del empleo, de la actividad, de los indicadores de siniestralidad y de cobertura que tiene el sistema y de lo que sucede en el mundo con sistemas similaresâ€, remarca el informe.En números concretos, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Al considerar el Salario MÃnimo Vital y Móvil (SMVM) de $313.400 a junio de 2025 y el valor promedio de las sentencias, la UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mÃnimos, dato que describe como el verdadero “costo argentinoâ€.“La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos paÃses, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamentoâ€, subraya Mara Bettiol, presidenta de la UART.
Bettiol advierte además: “Al stock de 290.000 juicios a diciembre de 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleoâ€.El informe también describe las causas estructurales del problema. Señala que la Ley 27.348 de 2017 contemplaba la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma —incluyendo CABA— aún no los implementaron.
En cambio, las pericias judiciales se realizan “sin control ni estándares de ningún tipo†y con un esquema de pagos que incentiva asignaciones de incapacidad elevadas. “Los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivosâ€, subraya el texto.Con el objetivo de sostener el funcionamiento del esquema, la UART renueva su compromiso con “un sistema que cuida, repara y previene†y plantea la necesidad de que el Poder Judicial complete el “último eslabón†pendiente. “Hoy, a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafÃo más complejo desde su creación. Todos los actores —empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando— han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta polÃtica pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósitoâ€, finaliza el informe.
