Si no aporta elementos nuevos, la Comisión de Acusación le recomendará al plenario del Consejo la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitan los dos tercios de los integrantes del Consejo.

Ese mismo documento, al que tuvo acceso Infobae, enumera las pruebas en contra del juez federal, acusado ahora de mal desempeño. “La gravedad de los cargos enumerados adquiere relevancia con la simple observación que, de no mediar la inmunidad de arresto que inviste al nombrado magistrado por su condición de tal, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque, tal cual fue resuelto, el 30 de abril de 2024 –y confirmada parcialmente, el 19 de mayo de 2025-, en el marco de las carpetas judiciales FRO 9.010/2024, 15.287/2024 y 15.682/2024″, finaliza.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.